ARRESTADO? INVESTIGADO?
ARRESTADO? INVESTIGADO?
Un arresto por allanamiento de morada, conocido como Burglary, o por hurto puede poner en riesgo su libertad, sus antecedentes, su empleo, su situación migratoria y su reputación. Quizás sienta miedo o frustración, sobre todo si la policía asumió que estar presente, poseer un objeto o aparecer en un video probaba todo el caso.
Lo que haga ahora importa. No hable sobre la acusación en una llamada grabada desde la cárcel, no contacte a testigos para hablar sobre sus declaraciones, no borre mensajes y no acepte un registro de su teléfono sin asesoramiento legal.
Un abogado criminalista de defensa de allanamiento de morada y hurto en Miami puede preservar videos de vigilancia, examinar documentos de propiedad y valor, impugnar un registro ilegal y cuestionar si el Estado puede probar la intención criminal. Si la acusación comenzó en Miami, Miami Beach, Hialeah, Doral, Coral Gables, Homestead, North Miami u otro municipio de Miami-Dade, una defensa local temprana puede influir en el caso.
Atendemos las 24 horas. Consulta gratuita y confidencial. Atención en inglés y español.
Mientras antes comience la defensa, antes podrá su abogado preservar videos, investigar acceso y propiedad, cuestionar pruebas débiles y protegerlo de errores evitables.
Para recibir ayuda de Albert Quirantes, Esq. Criminal DUI & Ticket Lawyers, visite Criminalista.com o llame o envíe un mensaje de texto al 305-644-1800 para una consulta estratégica gratuita.
Albert Quirantes cuenta con más de 35 años de experiencia en defensa penal, ha representado a más de 8,000 clientes y ha llevado numerosos juicios con jurado. El bufete cuenta con más de 1,400 reseñas de cinco estrellas en Google y atiende en inglés y español.
Albert Quirantes, Esq. representa a personas acusadas de robo con allanamiento de morada y delitos de hurto en Miami-Dade, Broward y el sur de Florida.
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Defendiendo casos en Miami
Representados desde 1987
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Florida trata el allanamiento de morada, conocido como Burglary, y el hurto como delitos distintos. El allanamiento se refiere a entrar o permanecer ilegalmente con intención criminal, mientras que el hurto se refiere a obtener o usar conscientemente la propiedad de otra persona con la intención que exige la ley.
Según el Estatuto de Florida § 810.02, este delito generalmente ocurre cuando alguien entra en una vivienda, estructura o medio de transporte con la intención de cometer un delito adentro, salvo que el lugar esté abierto al público o la persona tenga permiso para entrar. Aunque usamos la expresión allanamiento de morada para que el lector identifique el cargo, la ley de Florida también abarca ciertas estructuras, vehículos y otros medios de transporte.
La ley también cubre ciertas situaciones en las que alguien entra legalmente, pero luego permanece en secreto, se queda después de que le retiran el permiso o permanece para cometer o intentar un delito grave de fuerza.
El allanamiento de morada no requiere romper una puerta o ventana. Tampoco requiere que la persona acusada complete el delito que supuestamente pretendía cometer, pero el Estado todavía debe probar la intención requerida y cada elemento más allá de toda duda razonable.
Según el Estatuto de Florida § 812.014, el hurto ocurre cuando alguien obtiene, usa o intenta obtener o usar conscientemente la propiedad de otra persona con la intención de privarla de un derecho o beneficio, o de destinar la propiedad a un uso no autorizado. Esa intención puede ser temporal o permanente.
El grado de cualquiera de los cargos depende de hechos como el lugar, si había otra persona presente, el valor y tipo de propiedad, la supuesta presencia de armas o violencia, los daños y las condenas anteriores. Un caso relacionado con una vivienda, vehículo, arma de fuego, equipo de emergencia o historial repetido de hurto puede recibir un trato distinto al de una acusación común por propiedad de poco valor.
El allanamiento de morada siempre es un delito grave en Florida. Según el Estatuto de Florida § 810.02, un allanamiento sin armas de una estructura o medio de transporte desocupado puede ser un delito grave de tercer grado, mientras que el allanamiento de una vivienda, estructura ocupada o medio de transporte ocupado puede ser de segundo grado. El allanamiento que incluye una agresión física o amenaza, un arma peligrosa o explosivo, o ciertos daños graves a la propiedad puede ser un delito grave de primer grado castigable con hasta cadena perpetua.
Para propiedad común, el hurto bajo el Estatuto de Florida § 812.014 generalmente varía desde hurto en menor cuantía de segundo grado cuando el valor es menor de $100, hasta hurto en menor cuantía de primer grado cuando el valor es de al menos $100 pero menor de $750. El robo en mayor cuantía generalmente comienza en $750, sube a delito grave de segundo grado en $20,000 y sube a delito grave de primer grado en $100,000. El tipo especial de propiedad, el lugar de donde se tomó, las condenas anteriores por hurto, la conducta coordinada y otras circunstancias legales pueden cambiar esos niveles.
Según el Estatuto de Florida § 775.082 y el Estatuto de Florida § 775.083, las penas máximas comunes incluyen:
Estas son penas máximas establecidas por ley, no predicciones. Los puntos de sentencia, antecedentes, situación de libertad, pérdidas alegadas, lesiones, acusaciones de armas y leyes de aumento de pena pueden cambiar la exposición real.
El tribunal también puede ordenar restitución por pérdidas o daños relacionados con el delito bajo el Estatuto de Florida § 775.089. También pueden aplicarse libertad condicional, órdenes de alejamiento, restricciones sobre propiedades, costos judiciales y condiciones que afecten dónde puede vivir o trabajar.
Un cargo común de allanamiento de morada o hurto no suspende automáticamente una licencia de conducir de Florida. Una excepción importante aparece en el Estatuto de Florida § 812.014, que autoriza la suspensión de la licencia después de una condena por hurto de gasolina, hasta seis meses por la primera condena y un año por una condena posterior.
El caso puede afectar el empleo, licencias profesionales, vivienda, estudios y autorizaciones de seguridad mucho después de terminar el proceso. Una persona que no sea ciudadana también puede enfrentar consecuencias migratorias graves según la ley aplicada, el documento acusatorio, los hechos, la declaración, los antecedentes y la sentencia. Debe recibir asesoramiento migratorio antes de aceptar cualquier acuerdo.
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El allanamiento de morada exige prueba de que la persona acusada tenía la intención de cometer un delito en el momento que exige la ley. El hurto exige prueba de la intención de privar o destinar la propiedad a un uso no autorizado. Examinamos declaraciones, conducta, horarios, recibos, registros de acceso y hechos relacionados para demostrar error, confusión, propósito legal u otra explicación razonable.
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Entrar a un lugar abierto al público generalmente no constituye allanamiento por sí solo. El permiso para entrar o permanecer, la autorización para usar la propiedad, la propiedad compartida, las funciones de empleo y la creencia de buena fe en el derecho a poseer un artículo pueden debilitar partes clave de la teoría del Estado.
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Un video borroso, poca luz, máscaras, escenas concurridas y suposiciones por asociación pueden producir una identificación falsa. Comparamos videos de vigilancia y cámaras corporales, huellas dactilares, ADN, ubicación telefónica, registros de vehículos y descripciones de testigos para analizar si el Estado puede probar quién actuó y qué hizo.
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La fiscalía debe probar el valor de la propiedad y los hechos que elevan el cargo de hurto. Examinamos comprobantes de compra, antigüedad, estado, valor de mercado, depreciación, recuperación de la propiedad y si el artículo pertenece a una categoría que recibe un trato distinto bajo la ley de Florida.
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La policía solo puede registrar a una persona, vehículo, vivienda, teléfono o cuenta cuando la ley lo permite. Si los agentes violan los límites constitucionales u obtienen ilegalmente una declaración, podemos pedirle al tribunal que excluya la prueba cuando los hechos y la ley respalden esa solicitud.
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Poseer una propiedad o una herramienta común no prueba automáticamente allanamiento o hurto. El Estado debe conectar a la persona acusada con la intención y la conducta requeridas. El Estatuto de Florida § 810.06 exige específicamente la intención de usar o permitir el uso de herramientas para cometer allanamiento o entrada ilegal en propiedad ajena.
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Después de un arresto, la policía procesa a la persona acusada y entrega informes y pruebas a la Fiscalía Estatal de Miami-Dade. No hable sobre los hechos en una llamada desde la cárcel, por mensaje de texto, en redes sociales o con alguien que pueda convertirse en testigo.
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Una persona que permanece detenida generalmente comparece ante un juez dentro de 24 horas bajo la Regla de Procedimiento Penal de Florida 3.130. El juez revisa la causa probable, la fianza, las condiciones de libertad y las restricciones relacionadas con propiedades, lugares, supuestas víctimas o coacusados.
El abogado defensor puede presentar vínculos con Miami-Dade County, empleo, responsabilidades familiares, antecedentes y un plan de libertad. Cumpla cada orden judicial salvo que el juez la cambie.
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Un arresto no obliga a la Fiscalía Estatal a presentar el mismo cargo escrito en el informe de arresto. El fiscal puede presentar ese cargo, cambiar el grado, agregar cargos o decidir no presentar una acusación después de revisar las pruebas.
El trabajo temprano de la defensa puede preservar videos antes de que se borren, documentar acceso o propiedad legal, identificar testigos y cuestionar el valor o la intención antes de esa decisión.
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En la lectura formal de cargos, el tribunal informa el cargo y recibe una declaración. El abogado con frecuencia presenta por escrito una declaración de no culpable y puede renunciar a la presencia del cliente cuando las reglas y el juez lo permiten.
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La defensa revisa informes, videos de vigilancia, grabaciones de cámaras corporales, fotografías de la propiedad, recibos, valoraciones, huellas dactilares, ADN, datos telefónicos y declaraciones de testigos. También examinamos quién tenía acceso, cuándo cambió el permiso, cómo recuperó la policía la propiedad y si las pruebas respaldan el grado acusado.
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Según los hechos, la defensa puede pedir la exclusión de pruebas o declaraciones, la exclusión de una identificación poco confiable, cambios en las condiciones de libertad, un juicio separado de otro acusado o la desestimación cuando la ley y los hechos no disputados lo permitan. Cada solicitud necesita una base sólida en los hechos y la ley.
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Algunos casos pueden calificar para un programa alternativo, una reducción del cargo, términos basados en restitución u otra resolución negociada. La elegibilidad depende del cargo, valor, daños, antecedentes, opinión de la víctima, fiscal y reglas actuales de los programas de Miami-Dade.
Usted decide si acepta un acuerdo después de que su abogado explique las pruebas, defensas, rango de sentencia, consecuencias para sus antecedentes y riesgos migratorios. Nadie debe presionarlo para declararse culpable antes de que entienda esas consecuencias.
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Si el caso no se resuelve, la defensa puede llevarlo a juicio y exigir que el Estado pruebe cada elemento más allá de toda duda razonable. El caso también puede terminar mediante una decisión de no presentar cargos, desestimación, programa alternativo, acuerdo negociado o decisión judicial, según sus hechos.
Su objetivo es proteger su libertad, sus antecedentes, su sustento y su futuro. Necesita un equipo de defensa que pueda actuar rápidamente para preservar pruebas, revelar suposiciones débiles y preparar el caso para litigio desde el comienzo.
Albert Quirantes ha ejercido la defensa penal por más de 35 años, ha representado a más de 8,000 clientes y ha manejado numerosos juicios con jurado. Su firma cuenta con más de 1,400 reseñas de cinco estrellas en Google y atiende a clientes en inglés y español desde su oficina en Miami.
El equipo incluye a Stephen Millan, exjuez del Tribunal de Circuito de Miami-Dade y exfiscal; Arthur Spiegel, exfiscal y exdefensor público con más de 40 años de experiencia; Jorge E. Alonso, abogado bilingüe con más de 40 años de experiencia nacido en La Habana; y Jonathan Ibañez, abogado litigante de defensa penal cuyo trabajo incluye tecnología jurídica y defensas basadas en inteligencia artificial. El equipo aporta experiencia en tribunales, conocimiento de la fiscalía, dominio local y análisis moderno de pruebas a los casos de allanamiento de morada y hurto en Miami-Dade.
Albert Quirantes, Esq. Criminal DUI & Ticket Lawyers está ubicado en 1815 NW 7th Street, Miami, FL 33125.
No exactamente. El cargo conocido como Burglary en Florida no requiere una cerradura rota, puerta forzada o ventana dañada. El Estado puede basarse en una supuesta entrada no autorizada o en una forma de permanecer cubierta por la ley, pero también debe probar la intención criminal requerida.
Sí. Una lesión física no es un elemento obligatorio si el Estado alega fuerza, violencia, amenaza o que se puso a la persona en temor. La ausencia de lesiones todavía puede importar al analizar la versión, la acusación del arma, la posición sobre la sentencia y otros cargos.
Ambos pueden involucrar una presencia no autorizada, pero el allanamiento de morada exige la intención adicional descrita en la ley. Una persona que entró o permaneció sin permiso no necesariamente pretendía cometer otro delito.
Para propiedad común, el robo en mayor cuantía generalmente comienza en $750. Pueden aplicarse reglas distintas según el tipo de propiedad, el lugar de donde se tomó, condenas anteriores, conducta coordinada, una emergencia u otros hechos indicados en la ley.
Esa creencia puede cuestionar la intención requerida si fue sincera y está respaldada por pruebas. Mensajes, contratos, recibos, cuentas compartidas, funciones de empleo, prácticas anteriores y testimonios pueden ayudar a establecer el contexto completo.
La mera presencia generalmente no basta por sí sola. El Estado todavía puede alegar que usted ayudó, animó, planeó o participó. Sus palabras, acciones, ubicación y relación con la otra persona deben examinarse cuidadosamente.
El Estatuto de Florida § 812.015 permite que un comerciante o ciertas personas autorizadas detengan a un sospechoso de manera razonable y por un tiempo razonable cuando existen las condiciones legales. Eso no prueba culpabilidad, y una detención irrazonable o un registro ilegal puede plantear otros asuntos legales.
La cárcel es legalmente posible por un hurto menor, y la prisión es posible por un hurto grave o allanamiento de morada, pero el encarcelamiento no es automático en todos los casos. Las pruebas, el grado, valor, antecedentes, restitución, reglas de sentencia, fiscal, juez y defensas disponibles importan.
La elegibilidad depende del delito exacto, resultado, antecedentes y exclusiones legales. Una desestimación o decisión de no presentar cargos puede permitir una eliminación en algunos casos, mientras que una adjudicación de culpabilidad crea un obstáculo importante. Solicite una evaluación individual antes de confiar en que podrá sellar o eliminar el caso.
Sí. Los acuerdos por delitos contra la propiedad pueden causar problemas migratorios graves según el texto legal, hechos alegados, documento acusatorio, sentencia, cantidad de pérdida y su situación. No acepte un acuerdo hasta que abogados de defensa penal e inmigración hayan revisado la resolución propuesta.
Mientras antes comience la defensa, antes podrá su abogado preservar videos, investigar acceso y propiedad, cuestionar pruebas débiles y protegerlo de errores evitables.
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